Terrible sería que se diera una decisión de poder, sin consideraciones jurídicas y de justicia

Exégesis Arnoldo Castilla escribe: «Terrible sería que se diera una decisión de poder, sin consideraciones jurídicas y de justicia».

Arnoldo Castilla  Versiones Respecto al proceso penal y el consecuente encarcelamiento que se sigue en contra de los profesores Héctor Lara Moreno y Carlos Castro García, existen diversos puntos de vista:

1. Los señores profesores cometieron el delito de administración fraudulenta, al disponer indebidamente de un fondo mutualista que estaba a su cargo. Se actuó conforme a derecho y por querella de un grupo de maestros ofendidos.

2. Se encarcela a los profesores como represalia por haber creado un sindicato (SETE) antagónico al SNTE, que dirigen a nivel nacional la profesora Elba Esther Gordillo y por tal hecho son presos políticos. El papel del Gobierno del Estado ha sido buscar descalificar a los encarcelados.
Qué tanto de verdad o de mentira hay en estas aseveraciones. Otra versión es aquella que afirma que la administración fraudulenta sí existió y que el sindicato fue creado como un medio para presionar y evadir su responsabilidad los procesados.
Desconocemos lo que se establece en el expediente de la causa, a él sólo tienen acceso las partes intervinientes. Lo que sí podemos señalar es que este procedimiento va a perturbar aún más el ambiente político del Estado. Se dice que pronto estarán por estos lares maestros de varios estados de la República, especializados en la lucha social. Que pronto tendremos paros en las escuelas y toma de garitas. La sociedad se inquieta y se pregunta ¿se ha dado el debido seguimiento a este caso? ¿Los operadores políticos han hecho su trabajo? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que este expediente penal se ha manejado con lentitud y se ejecuta la orden de aprehensión en un momento en el que el ambiente político del País atraviesa por negros nubarrones.
¿Qué hacer para evitar los daños colaterales que a la tranquilidad pública puede ocasionar este hecho que querámoslo o no tiene ribetes políticos?
En primer término manejarlo con absoluta claridad. La publicidad en las causas penales es ya una garantía consagrada en la Constitución, a partir de la reforma del 18 de junio del presente año. Si bien la reforma establece este principio para ser aplicado en los juicios orales, nada malo es dar desde hoy muestra de transparencia en acatamiento al mandato constitucional.
El Poder Judicial tiene en sus manos un caso difícil en el que la mejor solución se encuentra en la aplicación estricta del Derecho.
Terrible sería que se diera una decisión de poder, sin consideraciones jurídicas y de justicia. Debemos de confiar en las instituciones; el Juzgado Primero Penal tiene al frente a una abogada estudiosa y capaz, que no puede dar la espalda a su larga carrera. Las resoluciones que tome serán revisadas con lupa por el foro mexicalense.
En cuanto al señor Gobernador, dadas las condiciones políticas que prevalecen en el estado, le conviene alejarse de toda sospecha de acuerdos políticos con el Comité Nacional del SNTE, encaminados a acabar con el naciente sindicato que encabeza el profesor Héctor Lara.
Mantener la amenidad frente a una lucha entre sindicatos, por parte de las autoridades estatales, es lo más sano para la salud política del Estado.
No es ocioso refrendar nuestra confianza en las instituciones, si estamos seguros que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California se debe mantener ajena a los enfrentamientos entre disidentes sindicales. Para ello garantizará la confianza ciudadana en la institución encargada de perseguir el delito.
Respecto a los sindicatos podemos decir que todo trabajador está consciente de la necesidad de un cambio estructural al interior de los mismos, empezando por el principio de democracia interna y la plena claridad en el manejo de sus fondos. Hasta hoy la mayoría de estas organizaciones se ha convertido en un medio más de explotación al trabajar y en una escalera política que sólo beneficia a los líderes, parientes o allegados.
A riesgo de parecer catastrofista, quiero terminar con un viejo dicho campirano: “Párenle, que el horno no está para bollos”.
Arnoldo A. Castilla G. es abogado y catedrático de la UABC.

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